(Español) Nota de prensa sobre el IRPF

 

El Colectivo por la Laicidad de Gipuzkoa compareció el pasado 11 de septiembre ante

la comisión de Relaciones con la Ciudadanía de las JJGG de Gipuzkoa.

El objetivo de dicha comparecencia era explicar y profundizar en el documento que

con fecha del 16 de Mayo fue enviado por este colectivo a las JJGG.

En este escrito se planteaban dos peticiones a las JJGG:

1) Que se elimine del formulario del IRPF (impuesto sobre la renta) la casilla de

asignación a la Iglesia Católica. La financiación de la Iglesia católica a través del

IRPF, con los impuestos que pagamos todas las ciudadanas y ciudadanos, seamos

católicos o no, no creyentes o creyentes de otras confesiones, evidencia una vez más la

necesidad de separar el estado y las confesiones religiosas, para poder hablar de una

sociedad democrática.

Los datos recogidos en las casillas del impreso de la IRPF de la Diputación de

Gipuzkoa tienen un carácter estadístico, pues, en función del concierto económico, la

aportación para la financiación de la Iglesia la realiza el Gobierno Vasco al gobierno

Central vía Cupo. Entendemos que, siendo competencia de la Diputación la

recaudación de los impuestos, también lo es el hacer un modelo de impreso que

contenga unos elementos u otros.

Y en tanto en cuanto el Estado Español esté sujeto al Concordato (y por lo tanto esto

repercuta a la hora de pagar el cupo) la administración debe establecer los medios

necesarios para que las personas que quieran ayudar económicamente a la Iglesia, lo

hagan al margen de los impuestos ordinarios que pagamos la ciudadanía, siempre con

el objetivo de que la Iglesia católica se autofinancie al margen la Administración

Pública.

2) Que se modifique la normativa necesaria (en concreto la Norma Foral

16/1989, del Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana) para que aquellos Ayuntamientos que así lo decidan, cobren

el IBI (impuesto sobre los bienes inmuebles, rústicos y urbanos) a los bienes que

están censados y registrados a nombre de la Iglesia católica así como a sus

organizaciones y centros de enseñanza y proselitismo religioso.

Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español establecen una exención total y

permanente de la contribución de los inmuebles de la Iglesia católica. La exención

fiscal de la que goza la Iglesia supone privar a los ayuntamientos de enormes

cantidades de dinero. Es una burla que en la actual situación de crisis económica y

social se pretenda aumentar a la ciudadanía el impuesto de contribución urbana y

que el mayor propietario no pague

Las respuestas de la Comisión de Comunicación y Relación con la Ciudadanía no han

podido ser más decepcionantes.

Por una parte se desentienden de la petición respecto a la Declaración de la Renta,

alegando que eso es un tema de Diputación.

¿Pero no son ellos y ellas nuestros representantes, no es a ellos y a ellas a los que

hemos votado? Pues como representantes de la ciudadanía debían tramitarlas

peticiones que ésta les presenta.

En cuanto al cambio de la norma foral para que los ayuntamientos cobren el IBI,

según el reglamento, es necesario que un grupo parlamentario haga suya la

propuesta. Y parece que ningún grupo quiere aceptar este compromiso.

El único compromiso por su parte fue el trasmitirnos determinada información

respecto a los bienes de la Iglesia que está en su poder.

Queremos denunciar públicamente esta actitud de las JJGG, cuando sobre estos

temas se han pronunciado y han hecho declaraciones generales principios,

declaraciones que ahora constatamos, eran pura farsa ante la galería.

Más allá de declaraciones generales de principios, nuestra propuesta iba dirigida a

que las Juntas Generales hagan uso de sus competencias para poner en marcha

medidas que eliminen situaciones discriminatorias y avancemos hacia una

administración laica.

Son tiempos difíciles. Y las instituciones públicas deben desarrollar todas las

iniciativas posibles para evitar estas situaciones de privilegio, que son una afrenta a la

ciudadanía y al principio de igualdad, principio que la propia administración pública

tiene que garantizar.

Y también son tiempos de cambio. El hartazgo por la mala gestión económica, la

corrupción y la falta democracia está llevando a la ciudadanía a cuestionar

instituciones que hasta ahora han sido la estructura de nuestra sociedad. No

olvidemos que la Iglesia ha sido una de ellas.

Laikotasuna-Colectivo por la Laicidad.

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