Al diputado General de Gipuzkoa
La crisis actual, provocada por unos pocos, y que estamos pagando la mayor parte de la ciudadanía, pone más de manifiesto, si cabe, la injusta situación de privilegio que tiene la Iglesia católica en nuestro país. La financiación de la Iglesia católica a través del IRPF, con los impuestos que pagamos todas las ciudadanas y ciudadanos, seamos católicos o no, no creyentes o creyentes de otras confesiones, evidencia una vez más la necesidad de separar el estado y las confesiones religiosas, para poder hablar de una sociedad democrática y plural.
Por otra parte, en estos momentos en que la población está sufriendo paro, recortes de derechos y prestaciones sociales, aumento de la pobreza e incremento de todo tipo de impuestos, las exenciones fiscales de que disfruta la Iglesia católica son una afrenta a la ciudadanía y a la más mínima justicia democrática.
Por ello exigimos a la Diputación de Gipuzkoa que se elimine del formulario del IRPF (impuesto sobre la renta) las casillas de asignación a la Iglesia Católica y a “otros fines sociales”.
Quienes marcan estas casillas reducen su aportación al gasto público en un 0,7 %, en contra de los criterios básicos de un estado de derecho, en el cual tenemos que contribuir a la hacienda pública en condiciones de igualdad. Implica un perjuicio a lo público (lo que es de todos) para beneficiar a lo privado (lo que es de una parte).
La mayor parte de la recaudación de la casilla “otros fines sociales” va de forma indirecta a la Iglesia católica mediante sus organizaciones, en todo caso no tenemos ningún control respecto a qué organización concreta va. La cobertura social, que se suponen da estas organizaciones, no puede depender de la voluntad anual de los y las contribuyentes, sino que tiene que ser una obligación fundamental de la administración.
Entendemos que los datos recogidos en las casillas del impreso de la IRPF de la Diputación de Gipuzkoa tienen un carácter meramente estadístico, pues, en función del concierto económico, la aportación para la financiación de la Iglesia la realiza el Gobierno Vasco al gobierno Central vía Cupo. Y decimos entendemos porque éste es uno de los temas opacos sobre el cual la ciudadanía no tiene prácticamente información.
Por lo tanto pedimos que se arbitren los medios necesarios (en tanto en cuanto el Estado Español esté sujeto al Concordato) para que aquellas personas que quieran ayudar económicamente a la Iglesia católica, lo hagan al margen de los impuestos ordinarios que pagamos la ciudadanía, y siempre con el objetivo de que la Iglesia católica se autofinancie al margen la Administración Pública.
El culto y el clero de cualquier organización religiosa deberían estar financiados exclusivamente y de forma voluntaria por los que sean fieles o se sientan atraídos por esa doctrina religiosa.
Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español establecen una exención total y permanente de la contribución de los inmuebles de la Iglesia católica, aunque esta institución privada sea la que más patrimonio inmobiliario acumula. La exención fiscal de la que goza la Iglesia supone privar a los ayuntamientos de enormes cantidades de dinero que todo el resto de la ciudadanía tenemos que pagar. Es una burla que en la actual situación de crisis económica y social se pretenda aumentar a la ciudadanía el impuesto de contribución urbana y que el mayor propietario no pague.
Por todo esto solicitamos que se modifique la normativa necesaria (en concreto la Norma Foral 16/1998, del Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) para que aquellos Ayuntamientos que así lo decidan, cobren el IBI (impuesto sobre los bienes inmuebles, rústicos y urbanos) a los bienes que están censados y registrados a nombre de la Iglesia católica así como a sus organizaciones y centros de enseñanza y proselitismo religioso.
Así mismo solicitamos a la Diputación de Gipuzkoa que insten a los Ayuntamientos a que realicen un censo de los bienes inmuebles rústicos o urbanos que la Iglesia católica (u otras confesiones religiosas) así como sus organizaciones afines, poseen en los municipios.
Por último solicitamos que se pronuncien por la supresión del actual Concordato y por la necesaria separación entre las instituciones del Estado y las religiones.
Más allá de declaraciones generales de principios, nuestra propuesta va dirigida a que la Diputación haga uso de sus competencias para poner en marcha medidas que eliminen situaciones discriminatorias y avancemos hacia una administración laica. En definitiva se trata de, en estos aspectos también, ejercer nuestra soberanía.
Son tiempos difíciles. Las instituciones públicas deben desarrollar todas las iniciativas posibles para evitar estas situaciones de privilegio que son una afrenta a la ciudadanía y al principio de igualdad, principio que las instituciones tienen que garantizar.
Solo una administración laica puede ser garante del cumplimiento de los derechos humanos, especialmente los derechos sexuales y los derechos de las mujeres, derechos que tantas veces se ven lesionados por la injerencia de la Iglesia católica en el orden político y social. Solo un estado laico puede garantizar el respeto a la libertad, igualdad y pluralidad, y es un exponente de la salud democrática de nuestra sociedad.