NO, señor Munilla

El problema no lo tienen, según sus declaraciones de ayer en rueda de prensa, las y los contribuyentes gipuzkoanos  que hasta ahora optaban por marcar la casilla doble (contribuir a fines religiosos y sociales) en la declaración de la Renta.  El problema lo tenemos todas y todos los contribuyentes gipuzkoanos que, queramos o no, estamos financiando con nuestros impuestos una confesión religiosa. Hasta ahora, sí o sí, en la declaración de la renta había que optar por dar el 0,7%  a la iglesia o a las organizaciones de fines sociales.  Si este año, con la introducción de una tercera casilla, no estamos obligatoriamente en el censo de las personas que quieren destinar una parte de los impuestos a la iglesia o a fines sociales, bienvenida sea la casilla.  Y no confundamos,  en este momento estamos, simplemente, al nivel de “elección” del resto de las y los contribuyentes del estado. Pero quienes contribuimos en Gipuzkoa seguimos teniendo un problema. Un problema que sí lesiona gravemente nuestros derechos, porque lesiona el principio de igualdad de la ciudadanía. Y pone en cuestión los principios básicos del estado de derecho. Actualmente  la Iglesia recibe (entre otros muchos privilegios) el 0,7 %, de la cuota íntegra de la declaración de la renta de las personas que marcan la casilla de financiación de la  Iglesia. Según el porcentaje de personas que marcan la casilla, el gobierno descuenta del monto total, esa parte para la  Iglesia. En el 2013, 247 millones de euros en todo el estado. Por lo tanto, es con los impuestos que pagamos todos y todas, con el dinero público, con el que se financia una confesión religiosa. Una confesión religiosa, la católica, que entre otras cosas, en estos momentos está intentando quitar a  las mujeres (a todas, creyentes, creyentes de otras confesiones, no creyentes)  la capacidad de decidir sobre su cuerpo, presionando para que se conviertan en ley sus dogmas religiosos sobre el aborto. En Laikotasuna consideramos que una  democracia tiene que tener como principios la libertad de conciencia y  la igualdad de trato de la ciudadanía y para que ello sea factible, es necesario separar la gestión de lo que es público, lo común, de las creencias particulares de las personas y de las instituciones que de ello se puedan derivar. Los católicos y católicas que quieran apoyar económicamente  a la Iglesia (actitud muy consecuente y por tanto loable) que lo hagan, pero que lo hagan al margen de los impuestos que la ciudadanía pagamos a la administración pública. Y tampoco queremos estar obligados a hacer caridad. El dinero que se recoge a través de la casilla de otros fines sociales va de forma indirecta a la  Iglesia, pues muchas de las organizaciones que lo reciben pertenecen a la  Iglesia, o están ligadas indirectamente a ella. Y la ciudadanía no tiene ninguna opción para elegir a qué tipo de organizaciones sociales  quiere que vaya ese dinero. Las necesidades sociales las tiene que cubrir la administración utilizando de forma justa y correcta el dinero que recoge de nuestros impuestos.  Para eso pagamos nuestros impuestos, para garantizar  los derechos universales de la ciudadanía (sanidad, educación, vivienda…) y para redistribuir la renta, esto es, la riqueza del país, de forma justa y equitativa. De manera que quienes más tienen aporten más a los gastos comunes y a las necesidades de los que menos tienen. Y eso es justicia social. Esto no quita para que todas estas organizaciones tengan pleno derecho a desarrollar sus actuaciones (la mayoría  evidentemente muy loables) en la sociedad, pero con su propia financiación,  y separando claramente lo que es gestión pública de la gestión de entidades privadas. Por eso Laikotasuna sigue reivindicando que no exista ninguna casilla  en el impreso del IRPF, y que con nuestros impuestos no se financie ninguna confesión religiosa, ni directa ni indirectamente. Tenemos un problema y ese problema se llama   Concordato de 1953 y sus secuelas. Estamos sujetos a los acuerdos firmados por el Estado español y la Santa Sede en 1979, acuerdos obsoletos  e impresentables, por los que el Estado Español se compromete al mantenimiento del culto y el clero de la Iglesia Católica y ésta, por cierto a lograr por si misma los recursos necesarios para su mantenimiento, cosa que hasta hoy no ha hecho. Esto sí que es, señor Munilla, un incumplimiento del Concordato, y no las casillas del IRPF.