Andaluziako gobernuak 1,8 miloi euro erabiliko ditu erietxe publikoetako kapilauak ordaintzeko / El Gobierno andaluz pagará 1,8 millones al año para que 117 capellanes católicos ejerzan en los hospitales públicos

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El Gobierno andaluz pagará 1,8 millones al año para que 117 capellanes católicos ejerzan en los hospitales públicos

Europa Laica considera que «la libertad religiosa es un derecho individual a respetar, pero la atención espiritual debería ser sufragada en su totalidad por las confesiones e iglesias o sus propios fieles».

• Raúl Bocanegra

Sevilla-30/07/2026 21:00

El Gobierno andaluz ha renovado en fechas recientes el acuerdo con la Iglesia católica para la atención religiosa en los hospitales públicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El gasto previsto, según consta en el propio convenio, que tiene una vigencia para cuatro años, prorrogables, y fue rubricado por el consejero Antonio Sanz (PP) y por los arzobispos de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y de Granada, José María Gil Tamayo, es de 1.849.676 euros anuales destinados al pago de los salarios de 117 capellanes, de los que 34 serán contratados con jornada parcial. El acuerdo recoge que la «contraprestación económica» se hará «a las provincias eclesiásticas de Andalucía», es decir, a los obispados. La cantidad total destinada a esos sacerdotes ha aumentado de los 1,4 millones de 2018, el último año de Gobierno del PSOE en la comunidad, a los 1,8 millones de ahora. También el número se ha incrementado desde los 96 de entonces a los 117 de ahora. 

El salario de los sacerdotes asciende a 18.496,76 euros al año para los que tienen jornada completa y a 9.248 euros los contratados a tiempo parcial. Este asunto de los capellanes financiados por fondos públicos tiene un soporte legal en los acuerdos firmados por el Estado con el Vaticano —cuestionados por los colectivos laicistas y por parte de la doctrina jurídica—, que luego, se desarrollan, en este caso, mediante otro pacto del Gobierno con la Conferencia Episcopal en 1985, con Felipe González de presidente. Después, todo se traslada a las legislaciones autonómicas, no solo en Andalucía. En esta comunidad en concreto, esto se produjo durante la etapa de José Rodríguez de la Borbolla (PSOE), quien autorizó en 1986 a su consejero de Salud a pactar con los obispos la asistencia religiosa en los hospitales públicos de la comunidad. Ahora el Gobierno andaluz ha renovado los acuerdos.

Desde entonces, los capellanes católicos han sido financiados a cargo del erario público. Esto es algo que la asociación Europa Laica —y también algunos juristas— consideran que debe corregirse,  no solo en Andalucía, sino en todo el país. El portavoz de la organización laicista en Sevilla, Tomás Madueño, señala a Público: «Institucionalizar e incardinar personal confesional remunerado dentro del entramado hospitalario público atenta contra la aconfesionalidad del Estado e introduce sesgos e interferencias doctrinales en los centros sanitarios. La libertad religiosa es un derecho individual a respetar, pero la atención espiritual debería ser sufragada en su totalidad por las confesiones e iglesias o sus propios fieles».