Comparecencia en la comisión de derechos humanos de las JJGG de María José Molina en nombre de Laikotasuna
Buenos días a todos y todas.
Hablamos en nombre de Laikotasuna-Colectivo por la laicidad.
Somos un grupo de personas, tanto creyentes como no creyentes, que se unieron con la idea de difundir la laicidad en nuestro entorno y presionar a nuestros políticos hasta conseguir una real separación de la iglesia y el estado.
Este colectivo quiere ser un espacio de encuentro, de debate de todas aquellas personas que vean como un elemento esencial la separación entre la iglesia y el estado para garantizar la salud democrática de la sociedad y los derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, los cuales son especialmente vulnerados por la injerencia de la Iglesia católica.
En este espacio nos hemos reunido personas que veníamos de distintos ámbitos y que ya veníamos trabajando en torno a la laicidad.
Por una parte mujeres que veníamos del feminismo.
La laicidad ha sido una reivindicación de los movimientos feministas desde sus orígenes, pues, como hemos dicho antes, la injerencia de las confesiones religiosas en el ámbito público y político ha sido uno de los agentes principales en la vulneración de los derechos de las mujeres.
No hace falta recordar la concepción que tienen las religiones sobre la sociedad, como una sociedad patriarcal en la cual la mujer es un elemento (o complemento) subordinado al hombre.
Por otra parte personas que trabajaban en el ámbito de la enseñanza. Aunque la reivindicación de la escuela pública y laica es una vieja reivindicación, en los últimos tiempos este deseo se ha avivado debido a la mayor injerencia de la Iglesia Católica a la hora de definir el curriculum y la organización escolar.
Laicidad, una apuesta por la democracia.
El laicismo aparece históricamente como uno de los principios básico de toda democracia, vinculado al reconocimiento de la libertad de pensamiento, a la igualdad de la ciudadanía en derechos y deberes y, por lo tanto, a la no discriminación en función de sus ideas.
Tiene su origen en los filósofos de la ilustración y es con la Revolución Francesa cuando este principio toma cuerpo. Aquí el mundo político se seculariza en el sentido de negar un poder que se legitime en Dios. La soberanía popular lleva implícito que no puede existir ningún otro poder que limite la voluntad de la ciudadanía.
Con la Revolución Francesa se firman las primeras Declaraciones de derechos que instituyen por primera vez la libertad de culto y la independencia individual en cuestiones de creencias.
La laicidad del estado y sus instituciones es ante todo un acuerdo fundado sobre lo que nos une y no sobre lo que nos separa.
Es un acuerdo de la ciudadanía para el establecimiento de un marco jurídico que establezca claramente la separación entre lo que es la gestión de lo público (lo común) y de las creencias particulares de la ciudadanía y de las instituciones que de ello deriven.
Este marco jurídico tiene que establecer claramente la separación del estado de las distintas instituciones religiosas, agnósticas o ateas, y la neutralidad del estado con respecto a las diferentes opciones de conciencia particulares.
A fin de salvaguardar el espacio común, la laicidad defiende la neutralidad de las instituciones públicas (aquello que es la gestión de lo público, lo común) frente a las distintas confesiones religiosas.
Lo que se pretende es establecer las condiciones jurídicas y políticas para el desarrollo de la libertad y el respeto, pilares fundamentales de los derechos humanos.
Supone la aplicación del principio de igualdad a todos los ciudadanos y ciudadanas en una cuestión tan íntima como es la religión. Igualdad de trato con independencia de las creencias religiosas de cada uno. Garantiza la convivencia de valores filosóficos, morales y religiosos y avala la convivencia de comunidades religiosas en un mundo como el nuestro, cada vez más plural e intercultural.
La laicidad es un principio organizador del estado y se asienta en dos principios: libertad de conciencia e igualdad de trato a la ciudadanía.
Estos dos principios son los cimientos éticos de la democracia, que, como decíamos, se garantizan con el principio de laicidad.
En el Estado español después de la constitución de Cádiz de 1812, se establece “la alianza entre la espada, el trono y el altar”. Esta alianza se mantiene (con el breve paréntesis de las dos repúblicas) hasta la llegada del franquismo, donde la alianza con la iglesia se ve incluso reforzada.
En la transición ,como resultado de esa amnesia que parece que nos invadió a todos, se firman unos acuerdos con el Estado Vaticano que en realidad, son una actualización del Concordato que Franco firmo con el Vaticano en 1953.
En la Constitución de 1978 se dice que España es un estado aconfesional, aunque de una forma ambigua, pues a continuación legitima las relaciones especiales con la iglesia católica, que se concretan en los acuerdos firmados con la Santa Sede en 1979.
Como resultado de estos acuerdos la iglesia vive una situación privilegiada, con clara intervención en las instituciones públicas, injerencias y situaciones confusas de no separación de lo que son las instituciones civiles y religiosas y vive en un auténtico paraíso fiscal.
No está obligada a declarar sus bienes ni sus ingresos, ni a pagar los impuestos correspondientes y es financiada con dinero público, el dinero que todos y todas pagamos a través de nuestros impuestos.
Como ya hemos comentado Laikotasuna pretende la separación entre la Iglesia y la administración pública y para ello estamos trabajando en varios ámbitos y en colaboración con distintos colectivos.
Ámbitos de trabajo
- A) Trabajamos en la enseñanza, por la consecución de la escuela pública laica
- B) La secularización de la sociedad
- C) Trabajamos por la desaparición de todos los privilegios fiscales que pueda tener cualquier religión, especialmente en nuestro caso la católica.
La financiación de la Iglesia Católica a través del IRPF (como consecuencia de los acuerdos económicos firmados por el estado español en 1979 con el Vaticano) con los impuestos que pagamos toda la ciudadanía, seamos católicos o no, no creyentes o de otras confesiones, evidencia una vez más la necesidad de separar el estado y las confesiones religiosas, para poder hablar de una sociedad democrática y plural.
Los momentos de crisis que hemos pasado y estamos todavía pasando, ponen más de manifiesto si cabe, la injusta situación de privilegio que tiene la Iglesia Católica en nuestro país.
Por marcar la casilla de asignación a la Iglesia Católica en el formulario del IRPF, ésta recibe 251 millones de euros anuales.
Según memoria justificativa de actividades presentada por la Conferencia Episcopal (memoria opaca y no sujeta al tribunal de cuentas) recibe de las instituciones 251 millones /año que provienen del IRPF.
De ellos, curiosamente, y no como nos hacen creer en su propaganda la menor parte va a Cáritas. El 81% de lo recibido se dedica al mantenimiento del culto y el clero a financiar las distintas campañas que realiza a lo largo del año, y partidas millonarias para mantener 13TV.
Si se marca la casilla de fines de interés social recibe además 120 millones de euros a través de fundaciones, asociaciones y ONGs de ideario católico.
Hay que tener siempre en cuenta que esta no es la única fuente de financiamiento que tiene la Iglesia. La Iglesia recibe financiación a través del pago a los capellanes de hospitales, fuerzas armadas, etc, ayudas directas para el sostenimiento del patronato artístico, cesión de suelo público, etc.
Dentro de esta línea de trabajo (que desaparezcan los privilegios fiscales de la iglesia) nuestro colectivo ha presentado tanto a las JJGG como a la Diputación en repetidas ocasiones las siguientes demandas:
1- Que se elimine del formulario del IRPF (impuesto sobre la Renta del trabajo) las casillas de asignación a la Iglesia Católica y la de asignación a “otros fines sociales”.
Quienes marcan estas casillas reducen su aportación al gasto público en un 0,7%, en contra de los criterios básicos de un estado de derecho, en el cual tenemos que contribuir a la hacienda pública en condiciones de igualdad.
Solicitamos también la supresión de la casilla de fines de interés social porque creemos que es una coartada sutil para seguir manteniendo la financiación a la Iglesia, ya que justifica la casilla de asignación a la Iglesia, y una parte importante de la asignación a estos fines revierte en entidades de la propia Iglesia Católica o cercanas a ella.
Además porque tampoco nos dan la oportunidad de decidir a qué entidad social queremos destinar la asignación.
Y por último porque defendemos que el dinero para las ayudas sociales no deben depender de la voluntad de las personas que hacemos la declaración de la renta, sino que es una obligación de la administración pública el realizar la planificación necesaria en el ámbito territorial y local.
La cobertura social es una obligación de la administración pública y no puede dejarse al arbitrio de determinadas organizaciones.
La asistencia a los sectores más necesitados debe correr a cargo de los presupuestos públicos, pues los fines sociales son de tal importancia que deben ser definidos por el parlamento y formar parte de la política de la administración.
Tenemos que recordar que en función del concierto económico, recogido en el Estatuto de Gernika tenemos prácticamente plenas competencias fiscales. Son estas JJGG y la Diputación la que determina la fiscalidad de nuestro territorio.
Por otra parte entendemos que los datos recogidos en las casillas del impreso del IRPF de la Diputación de Gipuzkoa ,tiene un carácter meramente estadístico, pues, en función del concierto económico la aportación para la financiación de la Iglesia Católica la realiza el Gobierno Vasco al gobierno central vía Cupo.
Es por ello que pedimos
2-Que se arbitren los medios necesarios (en tanto que el gobierno español esté sujeto al concordato y exija el cumplimiento del tratado) para que aquellas personas que quieran ayudar económicamente a la iglesia católica, lo hagan al margen de los impuestos ordinarios que pagamos la ciudadanía, siempre con el objetivo de que la iglesia católica se autofinancie al margen de la administración pública.
La ciudadanía que legítimamente quiera financiar a la Iglesia Católica, que lo haga al margen de los impuestos que todos y todas pagamos a la administración, impuestos que tienen que mantener y financiar aquellos gastos comunes a toda la sociedad (enseñanza, sanidad, etc.)
De lo contrario estaremos rompiendo un principio básico en la democracia, la igualdad en nuestras aportaciones a los gasto comunes del estado.
El culto y el clero de cualquier organización religiosa deberían estar financiados exclusivamente y de forma voluntaria por los fieles o aquellas personas que se sientan atraídos por esa doctrina religiosa.
Por otra parte, en momentos en que la población está sufriendo paro, recortes de derechos y prestaciones sociales, aumento de la pobreza e incremento de todo tipo de impuestos, las exenciones fiscales de que disfruta la Iglesia Católica son una afrenta a la ciudadanía y a la más mínima justicia democrática.
Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español establecen una exención total y permanente de la contribución de los bienes inmuebles de la Iglesia católica, además de otros impuestos, como el impuesto sobre el patrimonio, de sociedades, y otros más……
La Iglesia está exenta de pagar el IBI aunque esta institución privada sea la que más patrimonio inmobiliario acumula.
La exención fiscal de la que goza la iglesia supone privar a los ayuntamientos de grandes cantidades de dinero que todo el resto de la ciudadanía tenemos que pagar. Es una burla que en la actual situación de crisis económica y social se pretenda aumentar a la ciudadanía el impuesto de contribución urbana y que el mayor propietario no pague.
-Por todo esto hemos solicitado reiteradamente (a las JJGG) que se modifique la normativa foral necesaria para que aquellos ayuntamientos que así lo decidan, cobren el IBI (Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, rústicos y urbanos) a los bienes que están censados y registrados a nombre de la Iglesia Católica, así como a sus organizaciones y centros de enseñanza y proselitismo religioso.
También solicitamos que las JJGG insten a los ayuntamientos a que realicen un censo de los bienes inmuebles rústicos o urbanos de la Iglesia católica poseen en los municipios.
Y por supuesto siempre vamos a solicitar de esta institución que se pronuncie clara y rotundamente, sin tibiezas, por la supresión del actual Concordato y por la necesaria separación entre las instituciones públicas
Y las religiones.
Pero más allá de declaraciones generales de principios, necesarias, nuestra propuesta va dirigida a que las Juntas generales hagan uso de sus competencias para poner en marcha medidas que eliminen situaciones discriminatorias y que avancemos hacia una administración laica.
Las instituciones públicas deben desarrollar todas las iniciativas posibles para suprimir estas situaciones de privilegio, que son una afrenta a la ciudadanía y al principio de igualdad, principio que las instituciones tienen que garantizar.
Inmatriculaciones.
Otro campo en el que venimos trabajando es, apoyando o participando, en aquellas plataformas que se han formado para recuperar el patrimonio expoliado al pueblo mediante las inmatriculaciones que en los últimos tiempos ha hecho la Iglesia.
La Ley Hipotecaria de 1946 (artículo 206 y 304 del Reglamento Hipotecario) equiparaba a la Iglesia católica con la administración pública, otorgándole el privilegio de acceder al Registro de la Propiedad sin necesidad de acreditar el derecho a esa propiedad, a la hora de poner a su nombre fincas rústicas, casas…
(Un ciudadano /a para registrar por primera vez debe presentar pruebas y testigos a la administración, la iglesia estaba exenta de este trámite)
El segundo concedía funciones notariales a los diocesanos, de forma que un obispo podía certificarse a sí mismo la titularidad de un inmueble no inscrito. (O sea se equiparaba la figura del obispo a la de un notario público)
De esta manera se han registrado por primera vez a nombre de la Iglesia (se han inmatriculado) sin acreditar ser titulares de los bienes, y con la sola certificación del obispo, miles de bienes en todo el estado, de naturaleza pública y, muchas veces, de extraordinaria trascendencia patrimonial.
En 1998 la reforma de la Ley Hipotecaria del gobierno Aznar hace que se intensifique el proceso, al permitir inmatricular también los templos de culto.
Hasta entonces no era posible, por una parte por su naturaleza históricamente pública y también por una ley de 1931 en la que los principales templos católicos españoles fueron declarados pertenecientes al estado.
Así se produce lo que se ha llamado el mayor escándalo inmobiliario de la historia. No solo se inmatriculan iglesias, si no ermitas, frontones, casas, cementerios, huertas, plazas y un largo etc, de bienes inmuebles que se consideraban públicos, y por lo tanto nunca se habían inscrito en el registro de la propiedad privada.
De esta manera se mantiene la situación, hasta que Mariano Rajoy, ante la presión popular, modifica la ley hipotecaria equiparando los criterios y quitando las excepciones, pero dando un año de plazo para que se haga efectiva la ley y sin ningún carácter retroactivo.
Par ver como ha sido este expolio de las inmatriculaciones podemos ver un ejemplo cercano como es el caso de Escoriaza (43 inmatriculaciones)
La Iglesia inmatriculó:
En 1981- 1 casa, 2 iglesias, y 1 ermita.
En 1982 – una casa y 1 huerta.
En 1984 – una plaza, 1 ermita y 2 parcelas de pasto
En 1986- 5 iglesias, 2 casas, 1 huerta, 2 parcelas de pasto, 5 ermitas, 2 cementerios y 3 bosques
En 1990 -1 Iglesia, 2 huertas, 2 casa, 1 parcelas de pastos, 1 cementerio, 3 ermitas.
Es a partir del 2007 cuando salta la alerta y se empieza a trabajar sobre este tema, es en Navarra donde primero se crea una plataforma para la recuperación del patrimonio navarro.
Y se empieza a exigir que las instituciones hagan públicas la relación de bienes inmatriculados, porque, además, a día de hoy, no hay una relación pública de bienes inmatriculados.
Como ya es sabido, el parlamento vasco lleva adelante una propuesta para reclamar el listado de inmatriculaciones desde 1978.
Y así los registros de la propiedad enviaron a la Cámara vasca (2015) el listado de los bienes que la Iglesia ha inscrito a su favor en la CAV desde 1978
Así sabemos que en Gipuzkoa hay 379 inmatriculaciones, en Bizkaia 74 y en Araba 68.
Se empieza a trabajar sobre el tema, que se extiende a todo el estado y aparecen casos tan escandalosos como el de la mezquita de Córdoba que como sabéis fue inmatriculada por 30 e. (y otros muchos: la catedral de Sevilla, la Giralda…).
Como decía fueron los navarros los que iniciaron este trabajo pero hace poco se ha creado ya una coordinadora (Recuperando) de las distintas plataformas y colectivos surgidos en todo el estado.
En la comunidad autónoma hay una sensibilidad importante con este tema, y por crear una Plataforma en Defensa del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, y de hecho ha habido varias reuniones con la idea de impulsarla, pero la propuesta parece que aún no ha cuajado lo suficiente.
En este aspecto queríamos hacer a las JJGG la propuesta de crear una comisión sobre este tema con la idea de, por una parte de tener mayor conocimiento de la realidad de las propiedades inmatriculadas por la Iglesia en nuestro territorio (recordemos que según los datos conseguidos por el parlamento vasco son 379 y no aparecen datos sobre Donostia) y por otra para apoyar y asesoras a los municipios que quieran llevar adelante acciones para recuperar su patrimonio.
En estos últimos días, además, hay una noticia que anima en el camino de que los municipios puedan recuperar su patrimonio.
Un juzgado ha reconocido al Ayuntamiento (Zaragoza) derechos e intereses legítimos para reclamar la titularidad jurídica (en este caso la catedral). Esto abre puertas para que la administración y sobre todo los municipios puedan entablar pleitos para reclamar la adscripción formal al dominio público de muchos de los bienes inmatriculados por la Iglesia.
Como decíamos trabajamos en este ámbito, participando, acompañando a estas plataformas y colectivos que se han creado para la recuperación del patrimonio del pueblo usurpado por la Iglesia, pues nos parece una lucha democrática contra los privilegios.
Mª Jose Molina (en nombre de Laikotasuna)
PS: La petición fue denegada por los votos en contra de PNV y PSE