Elizaren inmatrikulazioak: 69 urtez izandako abantaila. Inmatriculaciones de la Iglesia: 69 años de privilegios

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Inmatriculaciones de la Iglesia: 69 años de privilegios

“Unidas Podemos no comparte la propuesta del PSOE de descargar la obligación y las tareas necesarias para recuperar esos bienes saqueados en los particulares o instituciones afectadas, y menos aún que la recuperación quede al albur de sentencias judiciales”, advierte Enrique Santiago.

PorJavier Lezaola. 26 de marzo de 2021 23:00 Comparte esta noticia

Antonio María Rouco Varela, cardenal de la Iglesia católica y presidente de la Conferencia Episcopal Española de 1999 a 2005 y de 2008 a 2014.

Las inmatriculaciones –inscripciones, por vez primera, de inmuebles en el Registro de la Propiedad– por parte de la Iglesia católica abarcan desde 1946 hasta 2015, es decir 69 años –32 en el régimen franquista y 37 en el régimen del 78– de privilegios que podrían no ver revertidos sus efectos debido a un nuevo incumplimiento de la parte del PSOE en el Gobierno de coalición, lo que perpetuaría un expolio inmobiliario de dimensiones gigantescas.

“Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia”. Así lo establece el programa del pacto de gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones generales de noviembre de 2019. Sin embargo, el listado impulsado por la Vicepresidencia de Presidencia del Gobierno de coalición, dirigida por Carmen Calvo (PSOE), y enviado al Congreso por el Consejo de Ministros no contiene todos los inmuebles inmatriculados por la Iglesia durante esos 69 años –desde 1946 hasta 2015–, sino sólo los inmatriculados durante 17 de ellos, desde 1998 hasta 2015,  y además no todos –el listado contempla 34.961 inmatriculaciones por parte de la Iglesia desde 1998 hasta 2015–, según denuncian organizaciones laicistas y de izquierdas que advierten asimismo de que, negando una solución general incluso para esas inmatriculaciones de 1998 a 2015, Calvo pretende judicializar un problema cuya solución debería ser política y legalizar de facto todas las inmatriculaciones de la Iglesia que no sean reclamadas judicialmente –y auguran que la inmensa mayoría de ellas no lo serán–.

“La recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia en el Registro de la Propiedad es una obligación del Gobierno de España”, advierte Enrique Santiago, portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, que destaca que fue otro gobierno –el del PP de José María Aznar– quien en 1998 “impulsó y aprobó las inaceptables normas que permitieron el saqueo de bienes por la Iglesia a partir de simples declaraciones de esa institución”. Por ello, Santiago ha destacado a LUH que “Unidas Podemos no comparte la propuesta del PSOE de descargar la obligación y las tareas necesarias para recuperar esos bienes saqueados en los particulares o instituciones afectadas, y menos aún que la recuperación quede al albur de sentencias judiciales, porque en la práctica va a suponer una inmensa litigiosidad ante los tribunales, que sólo puede ser soportada por poderosos patrimonios particulares, no por las personas más modestas o por modestas instituciones como ayuntamientos pequeños, quienes han sufrido el expolio realizado por la Iglesia católica con intensidad”.

Para apropiarse de todos esos inmuebles que no le pertenecían –y que en muchas ocasiones eran de propiedad colectiva, es decir del pueblo, o de personas contrarias al golpe de Estado de 1936–, la Iglesia se sirvió de dos normas franquistas de hace tres cuartos de siglo –la Ley Hipotecaria de 1946 (artículo 206), que equipara a la Iglesia con una Administración pública a la hora de inmatricular, y el Reglamento Hipotecario de 1947 (artículo 304), que equipara a arzobispos y obispos con notarios a la hora de inmatricular– que no fueron derogadas hasta 2015, es decir hasta 37 años después de la entrada en vigor de la Constitución del 78.

¿Por qué Calvo no ha listado todos los inmuebles inmatriculados por la Iglesia desde 1946 hasta 2015 sino sólo [parte de] los inmatriculados desde 1998 hasta 2015? Porque se ha amparado en una reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo en 1998 –bajo el Gobierno del PP de Aznar–, y eliminada también en 2015, que aumentó aún más la capacidad que la Iglesia tenía de inmatricular inmuebles, extendiéndola a los templos hasta entonces de dominio público.

“Corresponde al Gobierno y a otras instituciones con suficientes medios asumir la obligación de recuperar esos bienes usurpados de forma activa, mediante la aprobación de normas que anulen los actos jurídicos ejecutados con el único objeto de apropiarse de bienes que deben ser titularidad del patrimonio público, histórico, social o colectivo”, insiste el portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso. Otras formaciones de izquierdas del bloque de investidura, encabezadas por ERC y EH Bildu, se han expresado en el mismo sentido.

Estos, vinculados a las inmatriculaciones, no son los únicos privilegios que el régimen nacionalcatólico producto del golpe de Estado de 1936 y de la victoria franquista en la Guerra Civil otorgó a la Iglesia católica, ni los únicos que esta ha logrado y sigue logrando mantener en pleno régimen del 78. Este nuevo incumplimiento de la parte del PSOE en el Gobierno de coalición tampoco es el único incumplimiento del programa del pacto de gobierno firmado por el partido de Pedro Sánchez con Unidas Podemos tras las generales de noviembre de 2019.