Denunciarán en Europa las inmatriculaciones
COLECTIVOS CIUDADANOS Y COMUNIDADES CRISTIANAS
DENUNCIARÁN EN EUROPA LAS INMATRICULACIONES
DE LA IGLESIA
Tras la aprobación por el Congreso de los Diputados, y próximamente en el
Senado, de la reforma de la Ley Hipotecaria que elimina el privilegio que la
dictadura franquista concedió a la Iglesia católica para registrar inmuebles
como si fuera una administración pública (art. 206.1 de la LH), pero que
consiente la usurpación ya realizada de miles de bienes de toda índole, con
especial gravedad los de naturaleza pública y pertenecientes al patrimonio
cultural, arquitectónico e histórico-artístico del Estado, la plataforma
Mezquita Catedral, Patrimonio de Todos, la Plataforma de Defensa del
Patrimonio Navarro, Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades
Cristianas Populares,
MANIFESTAMOS:
1.- La desaparición del privilegio registral que equipara a la Iglesia
Católica con la administración pública ha sido un triunfo de la
ciudadanía, que así lo ha venido denunciando y exigiendo. Todos los
partidos sin excepción han reconocido que se trataba de un privilegio
anacrónico e injustificable. De lo contrario no lo habrían derogado.
2.- La desaparición de este privilegio no significa que los miles de
bienes usurpados queden convalidados. Es decir, no dejan de ser
inconstitucionales las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica al
amparo del precepto franquista. Y, en la mayoría de los casos,
practicadas en fraude de ley y abuso de derecho al apropiarse de
bienes públicos, y en muchísimos casos sin condición religiosa como
plazas, locales comerciales, viviendas, solares, caminos o monumentos de
la dimensión de la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla.
3.- Esta reforma del Gobierno del PP, permitida con la pasividad del
PSOE, ha cortado la vía directa para que se pudiera declarar la
inconstitucionalidad del artículo 206.1 LH y solventar de una vez el
problema. Eliminar este privilegio sin resolver cómo recuperar los miles de
bienes expoliados, además de la indefensión que genera a la ciudadanía,
tiene un coste social incalculable.
4.- Agradecemos a los grupos políticos su apoyo al recurso de
inconstitucionalidad, aunque no se haya conseguido el número
necesario para su presentación: Izquierda Unida, ICV, Compromis,
Amaiur y Geroa-Bai. Quedan retratados, por tanto, para la historia los
partidos políticos que no han querido apoyar el recurso de
inconstitucionalidad, amparados en diversas excusas y permitiendo el
mayor expolio patrimonial jamás ocurrido en España.
5.- Lamentamos la negativa del PSOE, como partido de oposición
decisivo en la aritmética parlamentaria, a recurrir la
inconstitucionalidad de la norma pese a que ha reconocido
públicamente su presunta ilegalidad. Esta posición incomprensible
podría permitir la apropiación de miles de bienes públicos por la Iglesia y la
pérdida de un instrumento jurídico fundamental para intentar recuperarlos.
Rechazamos igualmente su propuesta de otorgar un plazo de seis meses
para conocer todos los bienes inmatriculados a través del artículo 206.1. Si
existe voluntad política dicha información debería ser facilitada en días o
semanas para conocer la magnitud del escándalo como cuestión de Estado.
Ante esta deplorable situación, nos vemos obligados a acudir en
los próximos meses a instancias europeas, donde la separación
Iglesia–Estado es una realidad política consolidada y no una ficción, y quizás
los partidos mayoritarios tengan menos ataduras confesionales y
electoralistas que en España.