peticiones de laikotasuna a las JJGG sobre el IRPF
El Colectivo por la Laicidad de Gipuzkoa compareció el pasado 11 de septiembre ante la comisión de Relaciones con la Ciudadanía de las JJGG de Gipuzkoa.
El objetivo de dicha comparecencia era explicar y profundizar en el documento que con fecha del 16 de Mayo fue enviado por este colectivo a las JJGG.
En este escrito se planteaban dos peticiones a las JJGG:
1) Que se elimine del formulario del IRPF (impuesto sobre la renta) la casilla de asignación a la Iglesia Católica. La financiación de la Iglesia católica a través del IRPF, con los impuestos que pagamos todas las ciudadanas y ciudadanos, seamos católicos o no, no creyentes o creyentes de otras confesiones, evidencia una vez más la necesidad de separar el estado y las confesiones religiosas, para poder hablar de una sociedad democrática.
Los datos recogidos en las casillas del impreso de la IRPF de la Diputación de Gipuzkoa tienen un carácter estadístico, pues, en función del concierto económico, la aportación para la financiación de la Iglesia la realiza el Gobierno Vasco al gobierno Central vía Cupo. Entendemos que, siendo competencia de la Diputación la recaudación de los impuestos, también lo es el hacer un modelo de impreso que contenga unos elementos u otros.
Y en tanto en cuanto el Estado Español esté sujeto al Concordato (y por lo tanto esto repercuta a la hora de pagar el cupo) la administración debe establecer los medios necesarios para que las personas que quieran ayudar económicamente a la Iglesia, lo hagan al margen de los impuestos ordinarios que pagamos la ciudadanía, siempre con el objetivo de que la Iglesia católica se autofinancie al margen la Administración Pública.
2) Que se modifique la normativa necesaria (en concreto la Norma Foral 16/1989, del Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) para que aquellos Ayuntamientos que así lo decidan, cobren el IBI (impuesto sobre los bienes inmuebles, rústicos y urbanos) a los bienes que están censados y registrados a nombre de la Iglesia católica así como a sus organizaciones y centros de enseñanza y proselitismo religioso.
Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español establecen una exención total y permanente de la contribución de los inmuebles de la Iglesia católica. La exención fiscal de la que goza la Iglesia supone privar a los ayuntamientos de enormes cantidades de dinero. Es una burla que en la actual situación de crisis económica y social se pretenda aumentar a la ciudadanía el impuesto de contribución urbana y que el mayor propietario no pague
Las respuestas de la Comisión de Comunicación y Relación con la Ciudadanía no han podido ser más decepcionantes.
Por una parte se desentienden de la petición respecto a la Declaración de la Renta, alegando que eso es un tema de Diputación.
¿Pero no son ellos y ellas nuestros representantes, no es a ellos y a ellas a los que hemos votado? Pues como representantes de la ciudadanía debían tramitarlas peticiones que ésta les presenta.
En cuanto al cambio de la norma foral para que los ayuntamientos cobren el IBI, según el reglamento, es necesario que un grupo parlamentario haga suya la propuesta. Y parece que ningún grupo quiere aceptar este compromiso.
El único compromiso por su parte fue el trasmitirnos determinada información respecto a los bienes de la Iglesia que está en su poder.
Queremos denunciar públicamente esta actitud de las JJGG, cuando sobre estos temas se han pronunciado y han hecho declaraciones generales principios, declaraciones que ahora constatamos, eran pura farsa ante la galería.
Más allá de declaraciones generales de principios, nuestra propuesta iba dirigida a que las Juntas Generales hagan uso de sus competencias para poner en marcha medidas que eliminen situaciones discriminatorias y avancemos hacia una administración laica.
Son tiempos difíciles. Y las instituciones públicas deben desarrollar todas las iniciativas posibles para evitar estas situaciones de privilegio, que son una afrenta a la ciudadanía y al principio de igualdad, principio que la propia administración pública tiene que garantizar.
Y también son tiempos de cambio. El hartazgo por la mala gestión económica, la corrupción y la falta democracia está llevando a la ciudadanía a cuestionar instituciones que hasta ahora han sido la estructura de nuestra sociedad. No olvidemos que la Iglesia ha sido una de ellas.