Uriarte ns/nc

Publicado en «berria» el 13 de noviembre de 2015

La consejera Uriarte ni sabe ni contesta.

Marijose Molina y Tere Maldonado*

Las injusticias flagrantes, los privilegios de unos pocos a costa de los derechos de la mayoría, los abusos de poder, la indecencia indisimulada, todas estas cosas y otras muchas tan malas o peores, son, por desgracia, el pan nuestro de cada día. Por eso posiblemente la situación de la asignatura de religión en la enseñanza no suscita el escándalo ni la alarma social que debería: se trata de una injusticia más. Una de tantas.

No todo el mundo sabe o es plenamente consciente de que el profesorado de religión católica en la enseñanza pública y concertada lo nombra el Obispado y lo paga el Estado. Para ser profesora de ciencias, de filosofía o de gimnasia, hay establecidos unos requisitos que incluyen titulación, puntuación por experiencia docente, superación de una prueba-oposición etc. Estos requisitos son iguales para todas las personas que quieran acceder al sistema educativo en calidad de docentes, al margen, por supuesto de que tengan o no creencias religiosas, o de qué creencias tengan. Pero el profesorado de religión católica tiene su propia vía. Bueno, más que vía a secas es una via magna, un atajo ventajoso y descarado. Los privilegios de los que (indecentemente) gozó la Iglesia católica durante casi cuarenta años de dictadura no han desaparecido del todo casi cuarenta años después de que supuestamente se cancelara el régimen nacional-católico. No sólo eso. En algunos casos, en nuestra Comunidad, van a más. Desde hace unos años, el profesorado de religión accede al sistema educativo –previo visto bueno de los Obispos– saltándose los requisitos que se nos piden al resto, y puede impartir docencia en otras asignaturas además de en religión católica. ¿Increíble? Tanto como cierto. Por cierto: ello es así gracias al acuerdo que en su día firmaron de un lado el Gobierno Vasco (PNV al mando) y los sindicatos ELA, CC.OO y UGT.

Hace unas semanas se le solicitó información al respecto en el parlamento a la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, Sra. Cristina Uriarte. Lo hizo Belén Arrondo, parlamentaria de EH-Bildu. Considerando, con toda legitimidad, que es un hecho como poco anómalo que profesores y profesoras de religión (insistimos, nombrados por los Obispos), impartan clase en otras asignaturas, la parlamentaria solicitó a la Consejera datos concretos respecto al número de profesoras y profesores de religión que imparten otras materias, cuáles son esas materias y el número de horas que suponen. Es decir, se le pidió que detallara el número de horas sustraídas ilegítimamente (en cristiano, robadas), a otras profesoras y profesores que no han contado con el privilegio de ser tocadas por la gracia del Obispo.

La respuesta de la consejera Uriarte nos dejó atónitas: “No disponemos de dicha información detallada cuando se refiere a la Enseñanza Secundaria, si bien nos consta que en aplicación del Acuerdo suscrito por sindicatos y Administración con fecha de 4 de mayo de 2009, se les puede asignar otras materias lectivas cuando su horario de Religión no es suficiente para cubrir el contrato.”

Menos mal que le consta a la señora Consejera que esa práctica tan anómala, legal por lo menos sí que es. Claro que lo que algunas personas y colectivos cuestionamos es que sea legítima. Pero al margen de eso ¿es posible que una Consejera no tenga los datos del personal que trabaja en el área de gestión de su departamento? Lo es. ¿No implica ello una situación preocupante respecto a la gestión del dinero público? ¿O será que le resulta vergonzoso hasta a la propia Consejera poner en números los privilegios de la Iglesia católica en la enseñanza y prefiere correr un tupido velo y mucho botafumeiro sobre la cuestión? Recordemos que al profesorado de religión lo nombra el Obispo, sí, pero lo paga la Administración, es decir, el dinero público que proviene de los impuestos que pagamos toda la ciudadanía.

Fíjense: una persona que después de terminar su carrera universitaria o su grado se apunta en las listas de la Delegación de Educación para hacer sustituciones, que va poco a poco acumulando puntos de experiencia, que prepara y saca una oposición pública para seguir trabajando como docente…, una persona en esa tesitura ve menoscabado el derecho (por lo menos moral, ya que no legal) que le asiste a gozar de iguales oportunidades que el resto de candidatos, nada menos que porque se le cuelan quienes han accedido al sistema vía privilegios eclesiales. ¿Teocracia? ¿Edad Media? No, (o sí, según se mire): Comunidad Autónoma Vasca, principios del s. XXI. Aquí, también, en la buena dirección. Lo menos que la señora Consejera, (y, por cierto, el señor Obispo y los sindicatos mentados) les deben a esas personas es el dato de cuántos profesores y profesoras de religión están usurpando legal pero ilegítimamente puestos de trabajo que debían corresponderles. Pero se ve que no es la nuestra una sociedad con una mínima decencia y sentido de la justicia. Hay que ver qué cosas van a preguntar algunas. Qué se habrán creído.

Bien: esos datos han de estar reflejados en los horarios de cada centro y  deben ser públicos. La Administración tiene la obligación de facilitarlos. Los colectivos que trabajamos en el ámbito educativo, y la ciudadanía en general, merecemos un respeto y que no se nos oculte información; merecemos que se responda a las preguntas que se formulen en el Parlamento con datos y no con un impresentable “no disponemos de dicha información”. Señora Uriarte, es su obligación disponer de ella y facilitarla cuando le sea solicitada. Se llama transparencia administrativa y democracia. Lo contrario son prácticas de gestión oscurantistas y antidemocráticas.

* Marijose Molina y Tere Maldonado pertenecen, respectivamente, a los colectivos Laikotasuna y Hezkuntza Laikoa. Además, suscriben este artículo: …..