(Español) mocion ayuntamiento Irún
Laikotasuna-Colectivo por la Laicidad y la Asociación Republicana Irunesa “Nicolás Guerendiain”, se dirigen a los grupos políticos municipales para su estudio, discusión y posterior aprobación en Pleno de la Corporación la siguiente
MOCIÓN
El principio de igualdad ante la ley es básico en la democracia. Todo país y toda institución democrática están obligados a respetar escrupulosamente el principio de igualdad, evitando cualquier actuación o situación que suponga un trato de favor sobre cualquiera de las religiones existentes, o un trato discriminatorio sobre los no creyentes.
Así mismo tiene que garantizar los derechos de las mujeres y otros sectores de la ciudadanía. No podemos olvidar que las mujeres en general y también determinadas opciones de género y sexo, han sido a lo largo de la historia sectores especialmente castigados por las religiones.
La actual situación económica de nuestra sociedad es el resultado del expolio desarrollado por la banca, los mercados y los especuladores, de una inadecuada gestión de las instituciones públicas, y de la permisividad del enorme fraude fiscal existente. Todo ello está recayendo sobre las espaldas de la ciudadanía vasca, que sufre el paro, un aumento de la pobreza, un peligroso recorte de derechos sociales, el aumento del IVA y de otros impuestos, así como la bajada general y unilateral de los salarios y las pensiones.
Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español establecen una exención total y permanente de la contribución de los inmuebles de la Iglesia Católica, aunque esta institución privada sea la que más patrimonio inmobiliario acumula. La exención fiscal de la que goza la Iglesia supone privar a los ayuntamientos de enormes cantidades de dinero que todo el resto de la ciudadanía tenemos que pagar. Es una burla que en la actual situación de crisis económica y social se pretenda aumentar a la ciudadanía el impuesto de contribución urbana y que el mayor propietario no pague.
El fraude fiscal y la exención de impuestos como el del IBI y otros, gravan enormemente a nuestras arcas municipales vulnerando el principio de igualdad, hecho que consideramos enormemente injusto.
De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes puntos:
ACUERDOS
1.- El Ayuntamiento de IRUN realizará un censo de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que están registrados a nombre de la iglesia católica y de otras confesiones religiosas, así como de sus entidades y asociaciones afines.
2.- El Ayuntamiento de IRUN exigirá a las Juntas Generales de Gipuzkoa que modifiquen la normativa foral que sea necesaria para que los ayuntamientos de este territorio puedan cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) pertenecientes a la iglesia católica y otras confesiones religiosas.
3.- Procederá, en consecuencia, al cobro del IBI de todos aquellos bienes pertenecientes a la iglesia católica y otras confesiones religiosas.
4.- Así mismo insta al Parlamento español a que se deroguen los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, especialmente el de Asuntos Económicos, que esta entidad religiosa incumple.
Laikotasuna-Colectivo por la Laicidad y la Asociación Republicana Irunesa “Nicolás Guerendiain”, se dirigen a los grupos políticos municipales para su estudio, discusión y posterior aprobación en Pleno de la Corporación la siguiente
MOCIÓN
El principio de igualdad ante la ley es básico en la democracia. Todo país y toda institución democrática están obligados a respetar escrupulosamente el principio de igualdad, evitando cualquier actuación o situación que suponga un trato de favor sobre cualquiera de las religiones existentes, o un trato discriminatorio sobre los no creyentes.
Así mismo tiene que garantizar los derechos de las mujeres y otros sectores de la ciudadanía. No podemos olvidar que las mujeres en general y también determinadas opciones de género y sexo, han sido a lo largo de la historia sectores especialmente castigados por las religiones.
La actual situación económica de nuestra sociedad es el resultado del expolio desarrollado por la banca, los mercados y los especuladores, de una inadecuada gestión de las instituciones públicas, y de la permisividad del enorme fraude fiscal existente. Todo ello está recayendo sobre las espaldas de la ciudadanía vasca, que sufre el paro, un aumento de la pobreza, un peligroso recorte de derechos sociales, el aumento del IVA y de otros impuestos, así como la bajada general y unilateral de los salarios y las pensiones.
Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español establecen una exención total y permanente de la contribución de los inmuebles de la Iglesia Católica, aunque esta institución privada sea la que más patrimonio inmobiliario acumula. La exención fiscal de la que goza la Iglesia supone privar a los ayuntamientos de enormes cantidades de dinero que todo el resto de la ciudadanía tenemos que pagar. Es una burla que en la actual situación de crisis económica y social se pretenda aumentar a la ciudadanía el impuesto de contribución urbana y que el mayor propietario no pague.
El fraude fiscal y la exención de impuestos como el del IBI y otros, gravan enormemente a nuestras arcas municipales vulnerando el principio de igualdad, hecho que consideramos enormemente injusto.
De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes puntos:
ACUERDOS
1.- El Ayuntamiento de IRUN realizará un censo de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que están registrados a nombre de la iglesia católica y de otras confesiones religiosas, así como de sus entidades y asociaciones afines.
2.- El Ayuntamiento de IRUN exigirá a las Juntas Generales de Gipuzkoa que modifiquen la normativa foral que sea necesaria para que los ayuntamientos de este territorio puedan cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) pertenecientes a la iglesia católica y otras confesiones religiosas.
3.- Procederá, en consecuencia, al cobro del IBI de todos aquellos bienes pertenecientes a la iglesia católica y otras confesiones religiosas.
4.- Así mismo insta al Parlamento español a que se deroguen los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, especialmente el de Asuntos Económicos, que esta entidad religiosa incumple.